Hay estados de salud que no ameritan pérdida de tiempo alguna. Que no se muestran con heridas físicas sino mentales, pero que requieren respuestas rápidas. Nosotros los médicos psiquiatras y todos aquellos profesionales que nos hacemos cargo de los casos complejos, lidiamos cotidianamente con estas situaciones que no las generamos nosotros, suceden, les suceden a las personas. A veces jóvenes, a veces niños, a veces personas mayores. Y para ello debemos de contar con la infraestructura necesaria a tal punto para actuar dentro de un protocolo de salud.
«Tengo que estar colgado del techo para que me vengan a buscar».
Aquellos que entraron en contacto con algún servicio de emergencias médicas saben de lo que hablo. Es muy difícil que consideren urgente una situación de salud mental aguda. Esta discusión de la «inminencia», palabra puesta por la ley 22657 es mal interpretada a propósito por los servicios y estados que no realizan ni quieren realizar la inversión necesaria, «porque no rinde», «porque no quiero que nadie se me tire del 5to piso», «porque molestan»,etc.
¿Es la solución cambiar la ley?
Lo que trae atrás el cambio de la ley de salud mental, como en muchas leyes, es que vuelva a haber un negocio donde lo hubo y no lo hay más. En parte es cierto que somos los psiquiatras los que podríamos estar dispuestos a invertir en espacios adecuados para nuestro trabajo, pero ¿lo haríamos bajo los nuevos preceptos de salud mental? Salvando excepciones, conocen algún sanatorio privado polivalente que haya hecho la inversión necesaria para adecuar una sala especializada a salud mental. Yo no. Tampoco conozco, salvo excepciones, que lo hayan hecho en el ámbito público. Ya existían algunos lugares especializados en hospitales generales como el Piñero o el Álvarez (Capital Federal), Castro Rendón (Neuquén), previos a la ley.
Ninguna estrategia de salud mental va a funcionar si no es pensada desde la salud pública como un todo, incluyendo ámbito privado, obras sociales y hospital público. Quizás ninguna estrategia de salud.
Tuve la oportunidad de recorrer la provincia de Río Negro donde vivo y encontrar la única sala de uno de los hospitales más grandes de la provincia con más pacientes internados de Salud Mental que de otras especialidades y otras que donde ingresar un paciente de Salud Mental es un suplicio. Salas no adecuadas a tal punto, pacientes con cuadros psicóticos graves al lado de personas que recién salieron de una cirugía traumatológica jugando con el yeso, asustando a los demás, personas inimputables en camillas en el pasillo, alcohólicos tomándose todo lo que encuentran, etc. No es por discriminación cultural que deben estar en lugares especializados, con personal especializado sino por discriminación técnica y bienestar de las personas. Necesitan aquellos que están internados, muchas veces con ansiedad elevada, espacios libres para caminar, reunirse, conversar con las visitas, con sus compañeros de internación y con las medidas de seguridad adecuadas porque no olvidemos que uno de los principales roles de la internación es la seguridad personal y/o de terceros. Además la internación tiene funciones terapéuticas para situaciones clínicas especiales. Más allá de ello, y lo digo siempre, la mayoría de los pacientes requieren dispositivos ambulatorios, son la prioridad y la internación una última instancia de tratamiento que nunca es agradable. Esto no alcanza para justificar un cambio rotundo y retrógrado de la ley.
La actual ley no impide que inviertan dinero, lo fomenta. No impide que se interne en dispositivos especializados (dentro de instituciones generales), no impide que se interne de forma involuntaria, salvo la Terapia Electroconvulsiva, necesaria en casos clínicos concretos y que sí está impedida, no impide tener un excelente sistema de salud mental, lo promueve a través de le exigencia de un 10% del porcentaje de salud en salud mental. Nunca, ningún gobierno, se ocupó de cumplirlo.
El actual proyecto nos convierte a los psiquiatras en escribanos. Si se quejaban de los valores de las consultas deberían acostumbrarse a pagar fortuna un psiquiatra. Pocos quieren estudiar esta especialidad por muchos motivos y ejercerla bien requiere mucho estudio y dedicación. A pesar de ello, y ni siquiera es la palabra pesar la correcta, no conviene esta reforma de ley a nadie, quizás otra pero esta no. Ni a los psiquiatras, ni a los demás profesionales de salud mental ni a los pacientes. Capaz le convenga a los dueños de clínicas, internistas de derecha, madres de cantantes, personas que discriminan culturalmente a las personas con problemáticas de salud mental, gobiernos que no quieren invertir y no les rinde la salud mental políticamente, privados que no quieren dar servicios que no les interesa por ningún lado.
Pocos cumplen con lo que no quieren cumplir, eso está pasando. Y en el medio nosotros personas. Porque en general los que no cumplen, no son personas de a pie, como dicen ahora. Son personas del poder, que no le pasa que no tengan donde internarse o hacer un tratamiento adecuado.
La propuesta siempre es gestionar el equilibrio. Como sociedad debemos de pedir eso. No pedir más internación, o más «bala», o más «presos». Es pedir más educación, formación profesional, ciencia, salud.. Le aseguro que con eso va a haber menos de todo lo malo. La urgencia se previene en la constancia. Tenemos que tener sistemas preparados a tal fin como lo vengo diciendo. Pero ahora todo es urgente y mal atendido porque lo que no podemos abarcar lo dejamos de lado, o lo discriminamos, lo mandamos al muere, al cadalso, a la hoguera o dónde manden uds lo que no desean.
Y nunca dejemos de hacerle saber, si por casualidad tenemos gente del poder que se olvida para lo que fue votado, lo que tienen que hacer para nosotros.